El más poderoso elemento desestabilizador de la incipiente y precaria democracia peruana, en lo que va del siglo XXI, se llama familia Fujimori y los intereses que representan.

Lo que pudo ser un ejemplo de gobierno y participación política democrática, Alberto Fujimori (1990-2000) tenía todos los elementos a su favor para consagrarse, terminó pervertida en una dictadura. Un cinco de abril de 1992, con Vladimiro Montesinos aun en las sombras, pero con control pleno de las Fuerzas Armadas y Policiales, para someter a la población, sacó los tanques y las bayonetas a las calles y, al no ser identificado como de izquierda, fue aplaudido por el mundo. Los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, en nombre de su mesiánica revolución, asechaban y mataban diariamente a peruanos y peruanas.

Luego obtuvo, gracias a la prensa que para entonces ya compró y la tibieza de la comunidad internacional, una mayoría en el llamado Congreso Constituyente y Democrático (CCD); con el que dio una Constitución (1993) a la medida de sus benefactores y planes de perpetuidad en el poder. Meses después ya tenía el control de todo el aparato estatal, incluido el Legislativo. No pudo someter a la Defensoría del Pueblo, gracias al liderazgo del Defensor Jorge Santistevan.

Fueron diez años de depredación de las riquezas del Perú. Se esfumaron miles de millones de dólares que generó la privatización de todas las empresas públicas. No había quien controle las decisiones y acciones del gobierno. El Congreso declinó de su función fiscalizadora, sólo se limitó a obedecer órdenes dictadas por Vladimiro Montesinos desde el Cuartel General del Ejercito.

Cuando el latrocinio adquirió niveles incontrolables, cuyas pruebas eran grabadas en videos por el asesor presidencial, obtener un triunfo sin democracia en la elección controlada del 2000 y ser descubierto en uno de esos videos comprando congresistas para seguir controlando el Congreso, Fujimori huyó un 19 de noviembre del 2000 a Japón -su país de origen- desde donde renunció vía fax. Luego regresó a Chile, fue extraditado al Perú el 2007 y juzgado, entre otros varios delitos, por violaciones de los derechos humanos recibiendo una pena de veinticinco años de prisión.

Sus herederos políticos, su hija Keiko e hijo Kenji, han seguido sus pasos; aunque con escaso éxito. Keiko ha sido derrotada en las tres últimas elecciones presidenciales y sólo ha llegado a ser congresista, en la elección posterior al escape de su padre; no obstante desde entonces sigue dirigiendo el obstruccionismo parlamentario -a cada gobernante que la derrotó- en nombre de la oposición democrática y libertades políticas. Así se entiende que, en los últimos años, el Perú haya cambiado varias veces de presidente. Otros de sus aportes han sido la polarización del país, usando el cuco del inexistente terrorismo, y el control de ámbitos institucionales clave del sistema de justicia; a nivel del Ministerio Público, Tribunal Constitucional y el órgano que controla la designación y ratificación de jueces y fiscales en todo el país. Kenji no ha superado la balla de ser únicamente parlamentario.

La decisión política -no jurídica- del Tribunal Constitucional (TC), de hace unos días, que favorece de forma pírrica a Alberto Fujimori, es parte de ese control existente. El periodo de designación de sus “juristas” Blume, Ferrero y Sardón está vencido y los mantienen en función, gracias a su mayoría congresal que se niega a elegir a sus reemplazantes, por la instrumentalización a la que han sometido al TC.

Tanto Keiko como Kenji tienen procesos judiciales con próximas sentencias. La tres veces candidata presidencial, podría recibir hasta 30 años de prisión por lavado de activos y dirigir una organización criminal para esos fines.

Entonces, para los que tenemos compromiso con la agenda de los derechos humanos y la institucionalidad democrática en el mundo, hablar de los Fujimori en el Perú, es sinónimo de obstruccionismo, autoritarismo, abuso del poder, corrupción, impunidad, chantaje, control institucional, compra de medios de comunicación, secuestro, discriminación, esterilizaciones forzadas, latrocinio, persecución y asesinatos.

Aprendamos a vivir recordando, si queremos morir en libertad.